El juez Garzón pide las listas de víctimas del régimen franquista

El juez Garzón solicita la cifra de enterrados durante el franquismo en el Valle de los Caídos
El juez de la Audiencia Nacional quiere determinar si es competente para investigar estos hechos

Madrid. (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido hoy al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.

En una providencia, el juez informa a la Conferencia Episcopal de que deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posible víctimas desaparecidas a partir de aquella época. A la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas
que están enterradas en este lugar. La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España". En concreto, Garzón se refiere a los cementerios de San José (Granada), Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y reclama que le informen sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos "enterramientos masivos", así como cuándo se produjeron. Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado. Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia". A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar esto hechos. Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron.
Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

El Gobierno respeta la decisión de Garzón y el PP pide no "reabrir las heridas del pasado"
Zapatero recuerda que la iniciativa del magistrado responde a una demanda de ciudadanos que acuden a la justicia Rajoy pide mirar al futuro
02/09/2008 Actualizada a las 15:19h
Madrid. (Agencias).- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha manifestado su respeto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y al derecho de las familias de acudir a la Justicia recordando que la iniciativa responde a una demanda de ciudadanos que acuden a la Justicia, a partir de ahí, ha precisado, las actuaciones que realice merecen por parte del Gobierno "una consideración de respeto", en garantía de la independencia del poder judicial, por lo que Zapatero no ha estimado oportuno hacer valoraciones al respecto. Mientras, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se manifestó partidario de mirar al futuro y no reabrir las heridas del pasado, "lo haga quien lo haga".

Zapatero ha recordado la Ley de Memoria Histórica, que "amplía y reconoce derechos a las personas que padecieron como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura" y que establece la colaboración de las administraciones públicas con las familias para la localización de sus seres queridos desaparecidos. Todas las administraciones, ha subrayado el jefe del Ejecutivo, llevan a cabo esa colaboración. En la misma línea, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se ha mostrado "respetuoso" con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Y ha defendido que el "derecho sagrado" de las personas a "conocer dónde están enterrados sus muertos" es algo que "no debe de molestar a nadie".En declaraciones a RNE, Blanco no comentó nada sobre "el tema jurídico y el proceso abierto" en sí, pero sostuvo que, "desde el punto de vista del derecho de las personas", hay uno que es "sagrado" y que es el de conocer el lugar donde descansan los restos de sus familiares. "Por eso no sé por qué hay algo de revuelta, de inquietud, ante una iniciativa que, más allá del respeto a la decisión judicial, entre otras cosas trata de facilitar que las personas conozcan donde están sus muertos", subrayó el responsable socialista, que insistió en que eso "no debe de enfadar ni molestar a nadie".Rajoy apuesta por no reabrir las heridas del pasadoEn rueda de prensa tras la reunión del primer Comité Ejecutivo Nacional del PP después del verano, Rajoy defendió que "no conduce a nada" reabrir las heridas del pasado y recordó que ya manifestó esta opinión en el debate sobre la Ley de la Memoria Histórica.Así, insistió en la necesidad de mirar al futuro y argumentó que "lo mejor" de la Constitución redactada en 1978 es que "los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos". "Por tanto, no soy partidario de reabrir las heridas del pasado lo haga quien lo haga", enfatizó. El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicitó ayer a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil. El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Amnistía Internacional aplaude la decisiónAmnistía Internacional (AI) dio la bienvenida a la decisión del juez Garzón de pedir información sobre el número de desaparecidos en la Guerra Civil y solicitó al Gobierno que asuma "sus responsabilidades internacionales" y "ponga en marcha el desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Histórica".Así lo manifestó a Efe la responsable del departamento de Campaña de AI España, María del Pozo, quien indicó que esta iniciativa de Garzón es "un paso más para que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo puedan tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación".

Garzón da 15 días a asociaciones de familiares y de franquistas para informar sobre los desaparecidos

El magistrado pidió ayer censos sobre los fusilados durante la Guerra Civil y la dictadura
02/09/2008 Actualizada a las 15:22h
Madrid. (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dado hoy un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismas. En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija este plazo con el fin de poder determinar, «con la mayor rapidez posible», si es competente para investigar estos hechos para que le hagan llegar un listado de las personas desaparecidas que hubieran sido localizadas, así como los lugares y fechas de su hallazgo.

Garzón pidió ayer al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica, así como a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Solicitó también a las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aportaran los datos que dispongan sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su Juzgado «tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia».La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 «como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España».Se dirigió además al Archivo General de la Administración
para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el Juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

Garzón demana a l'Església la llista d'afusellats de la guerra civil

• El jutge reclama dades de fosses comunes a alcaldes de quatre ciutats
MARGARITA BATALLAS MADRID
El jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón va demanar ahir a la Conferència Episcopal, a l'abadia del Valle de los Caídos, a l'Arxiu General de l'Administració, al Centre Documental de la Memòria Històrica i a altres organismes que li facilitin una relació d'afusellats i desapareguts durant la guerra civil i el franquisme. El magistrat decidirà a final de mes si obre procediment per un delicte de genocidi abans d'autoritzar l'exhumació de les fosses comunes on van ser enterrats els perdedors de la guerra civil.Garzón ha demanat a l'Església que permeti a la policia investigar els llibres de difunts de totes les par- ròquies per elaborar una "llista de desapareguts a partir del 17 de juliol de 1936 com a conseqüència directa de l''alzamiento nacional'". La petició també ha estat cursada als alcaldes de Madrid, Sevilla, Còrdova i Granada. En algun lloc d'aquesta província està enterrat el poeta Federico García Lorca. Els regidors hauran de notificar el nom, la data, el lloc de naixement, la residència i la filiació de les persones enterrades a les fosses comunes de les seves respectives ciutats. El magistrat es refereix, concretament, al cementiri granadí de San José, als cordovesos de Nuestra Señora de la Salud i de San Rafael i al de San Fernando, a Sevilla. En aquest sentit, Garzón vol obtenir informació sobre les circumstàncies que van envoltar aquests "enterraments massius". El jutge també reclama a les instàncies a què ha dirigit la seva petició que l'informin sobre les exhumacions que s'estan portant a terme perquè "siguin controlades" judicialment "tant en la seva execució com en el seu resultat".CAP LLISTA L'abat del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez, va dir ahir a la nit que encara no ha rebut cap petició per part de Garzón sobre l'assumpte i que, en qualsevol cas, a l'abadia no disposen "amb tota seguretat" de cap llista oficial d'afusellats ni de la guerra civil ni de la dictadura franquista. Segons Álvarez, quan els arribi la comunicació l'estudiaran i actuaran "en conseqüència".De la mateixa manera, des de la Conferència Episcopal van informar que no coneixien aquesta providència i que, en qualsevol cas, quan la rebessin seria el moment d'estudiar atentament el document i adoptar les decisions que es considerin oportunes.

ANAR MÉS ENLLÀ

Les associacions antifranquistes van valorar positivament la iniciativa de Garzón, encara que van demandar que s'anés "més enllà" en la investigació sobre el cens d'afusellats. Per al president de la Federació Estatal de Fòrums per la Memòria, José María Pedreño, el procés judicial no ha de realitzar-se només per buscar els desapareguts, sinó que hauria d'aprofundir i indagar en els actes de repressió comesos sota el règim franquista. Per Pedreño, en cas que es comprovés que algun dels responsables d'aquests actes segueix viu "hauria de ser jutjat pels fets".VUIT DENÚNCIESLes associacions de familiars de desapareguts durant la guerra civil i el franquisme han presentat fins ara un total de vuit de- núncies al jutjat de Garzón per diferents casos a Navarra, Catalunya, les Balears, les Canàries, Andalusia i Galícia. El magistrat ja va sol.licitar el mes de juny passat als ministeris d'Interior i de Defensa informes sobre persones desaparegudes durant aquestes etapes. Llavors, el magistrat va reclamar als denunciants que aportessin les identificacions corresponents i les circumstàncies de les desaparicions.

Garzón pide en la Iglesia la lista de fusilados de la guerra civil

• El juez reclama datos de fosas comunes a alcaldes de cuatro ciudades

MARGARITA BATALLAS MADRIDEl juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pidió ayer a la Conferencia Episcopal, en la abadía del Valle de los Caídos, en el Archivo General de la Administración, En El Centro Documental de la Memoria Histórica y a otros organismos que le facilitin una relación de fusilados y desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo. El magistrado decidirá a final de mes si abre procedimiento por un delito de genocidio antes de autorizar la exhumación de las fosas comunes donde fueron enterrados los perdedores de la guerra civil. Garzón ha pedido a la Iglesia que permití a la policía investigar los libros de difuntos de todas las parroquias por elaborar una "lista de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del 'alzamiento nacional ". La petición también ha sido cursada a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Córdoba y Granada. En algún lugar de esta provincia está enterrado el poeta Federico García Lorca. Los concejales deberán notificar el nombre, la fecha, el lugar de nacimiento, la residencia y la filiación de las personas enterradas en las fosas comunes de sus respectivas ciudades.El magistrado se refiere, concretamente, en el cementerio granadino de San José, a los cordobeses de Nuestra Señora de la Salud y de San Rafael y al de San Fernando, en Sevilla. En este sentido, Garzón quiere obtener información sobre las circunstancias que rodearon estos "entierros masivos". El juez también reclama a las instancias a que ha dirigido su petición que le informen sobre las exhumaciones que se están llevando a cabo porque "siguen controladas" judicialmente "tanto en su ejecución como en su resultado".
NINGUNA LISTA
El abad del Valle de los Caídos, Anselmo Álvarez, dijo ayer por la noche que aún no ha recibido ninguna petición por parte de Garzón sobre el asunto y que, en cualquier caso, en la abadía no disponen "con toda seguridad" de ninguna lista oficial de fusilados ni de la guerra civil ni de la dictadura franquista. Según Álvarez, cuando les llegué la comunicación lo estudiarán y actuarán "en consecuencia".De la misma manera, desde la Conferencia Episcopal informaron que no conocían esta providencia y que, en cualquier caso, cuando la recibam sería el momento de estudiar atentamente el documento y adoptar las decisiones que se consideren oportunas.
IR MÁS ALLÀ
Las asociaciones antifranquistas valoraron positivamente la iniciativa de Garzón, aunque demandaron a que se fuera "más alá" en la investigación sobre el censo de fusilados. Para el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, José María Pedreño, el proceso judicial no debe realizarse solo por buscar los desaparecidos, sino que debería profundizar e indagar en los actas de represión cometidos bajo el régimen franquista. Para Pedreño, en caso de que se comprobase que algún de los responsables de estos actas sigue vivo "debería ser juzgado por los hechos".
OCHO DENÚNCIAS
Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo han presentado hasta ahora un total de ocho denúncias al juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Cataluña, las Baleares, las Canarias, Andalucía y Galicia. El magistrado ya solicitó el mes de junio pasado en los ministerios de Interior y de Defensa informes sobre personas desaparecidas durante estas etapas. Entonces, el magistrado reclamó a los denunciantes que aportasen las identificaciones correspondientes y las circunstancias de las desapariciones.

La Ley de Memoria Histórica pone nerviosos a los dirigentes del PP. Solo basta ver que al señor Rajoy, líder de este partido, cuando se le pregunta sobre la LMH solo es capaz de articular que hay que olvidar el pasado. Las asociaciones antifranquistas piden que se juzgue por crímenes contra la Humanidad a las personas implicadas en la represión franquista, algo que lógicamente afectaría al Partido Popular que fue fundado por miembros del anterior régimen. El PP no solo se opuso a la ley, comprensible teniendo en cuenta cuales son sus orígenes y quienes lo fundaron, sino que puso trabas a su aplicación. Por ejemplo, en Valencia el Ayuntamiento de Rita Barberà intentó destruir una fosa común encontrada en un cementerio valenciano. Lo que me sorprende es que Garzón se pregunte si tiene jurisdicción para investigar crímenes contra la Humanidad en España. En mi opinión no solo tiene jurisdicción sino que está obligado. Los crímenes contra la Humanidad no prescriben. Toda persona que estuviera implicada en esos crímenes debería ser juzgada. La edad no es un eximente para ser juzgado por crímenes de esta gravedad. Luego es muy probable que no entren en prisión pero la condena estaría ahí. Me llama la atención leyendo las noticias como la Conferencia Episcopal Española trata de disimular como si el tema no fuera con ellos cuando el juez Garzón les solicita los registros de las exhumaciones de personas asesinadas por la represión franquista. El Valle de los Caídos es el lugar en que fueron enterrados el general Franco y el ideólogo de Falange Primo de Rivera. Este lugar se ha convertido en un santuario del fascismo español gestionado por la Iglesia española. Fue construido por presos políticos y costó una fortuna en una época en la que España estaba en la quiebra económica tras la guerra civil que esta panda de malnacidos causaron.