Los gorrillas (parte I)

REPORTAJE
Tentativa legal contra los 'gorrillas'
Juristas y vecinos de Sevilla dudan de que multar con 120 euros a los aparcacoches sea efectivo

ISABEL PEDROTE - Sevilla - 18/03/2007
Hay tres problemas cotidianos en las ciudades que los ayuntamientos intentan resolver con todo tipo de experimentos y pocas esperanzas de lograr una solución: los atascos diarios, el padecimiento del botellón y los aparcacoches, esos vigilantes espontáneos de los estacionamientos conocidos como gorrillas.
Todas las capitales carecen de norma específica
"El concepto de mendicidad coactiva es jurídicamente inane", sostiene un letrado

El gobierno local de Sevilla -precisamente de donde es originario este sobrenombre, por ir sus pioneros tocados con una gorra de plato para conferirse aires de autoridad- ha aprobado una ordenanza que considera esta actividad una forma de mendicidad "coactiva" y establece multas de 120 euros para los que reincidan. Al tratarse en su mayoría de indigentes, la norma prevé que las sanciones sean sustituidas por "sesiones de atención individualizada con los servicios sociales o por especialistas en materia de drogodependencia" y "cursos en los que se les informará de que las instituciones públicas les ofrecen apoyo y asistencia". El delegado de Gobernación del Ayuntamiento, el socialista Francisco Fernández, argumenta que el objetivo no es recaudar dinero "si no que tengan claro que no pueden hacer de aparcacoches". Según dice, el concepto de "mendicidad coactiva" lleva aparejada la intención de que, además de la actuación de la Policía Local, tenga cabida la Policía Nacional, "y no se inhiba".
La regulación de los gorrillas sevillanos, cuyas pautas se incluyen en una prolija ordenanza genérica bautizada como "antivandálica", se ve desde los colectivos vecinales como un compendio de medidas estériles e ineficaces, cuando no directamente absurdas.
"¿De qué sirve que pongan una sanción económica a una persona que es insolvente y que al rato volverá a estar donde estaba?", se preguntaba la semana pasada María Luisa Puech, la presidenta de la asociación de vecinos y comerciantes de Bami, una barriada infestada de gorrillas malencarados (casi todos son heroinómanos que viven en la calle) que rodea al complejo hospitalario de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío.
La opinión de los juristas no es mucho mejor. "El concepto de mendicidad coactiva es completamente inane, no tienen ningún efecto. Parece que el adjetivo coactivo lo han metido para que no parezca que se persigue la simple mendicidad y quedar bien", señala Joaquín Urías, letrado del Tribunal Constitucional. Urías también estima que un desarrollo posterior para incautar a los infractores su recaudación como restitución de la falta es sencillamente irrealizable. "Una vez que se impone la sanción, hay un procedimiento de alegaciones y demás que puede llevar dos y tres meses. Con una persona que vive en la calle, todo esto es imposible, ¿adónde se le envía el papelito rosa de la multa?", ironiza el letrado. Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Gerardo Ruiz-Rico, el problema está en que un ayuntamiento no tiene la capacidad de regular comportamientos que son derechos fundamentales. "Para calificar la mendicidad de coactiva es necesaria una habilitación legislativa superior", como ocurre con la ley antibotellón que ha aprobado recientemente el Parlamento de Andalucía con el propósito de dar cobertura jurídica a los ayuntamientos en la lucha contra este otro calvario ciudadano. Eso es justo lo que reclaman los vecinos de Bami, quienes se plantaron el pasado día 8 ante el Parlamento andaluz para exigirle que elabore una ley antigorrillas.
El esfuerzo imaginativo para erradicar este fenómeno, atenazado por el riesgo de infringir no ya derechos fundamentales sino el sentido común, ha conducido casi siempre a los munícipes al fracaso estrepitoso. El Ayuntamiento de Huelva anunció hace siete años que iba a prohibir a los gorrillas señalar a los conductores los espacios libres bajo amenaza de multa, es decir, que no podrían mover los brazos ni hacer gestos de reclamo. La vez que se estuvo más cerca de borrar de las calles el tormento de los gorrillas extorsionadores -los hay que rayan carrocerías o retuercen concienzudamente limpiaparabrisas- fue en Sevilla en la primera mitad de la década de los noventa. A través de un convenio con una asociación de parados de mayores de 40 años se formaron los vovis (voluntarios vigilantes), ejemplo que copiaron otras ciudades. De hecho, viajaron al Parlamento europeo y fueron recibidos por el comisario de Empleo. Uniformados y reglados, los vovis, que llegaron a ser 600, tenían la virtud de espantar a los ilegales, pero el caso de una estafa en el seno de la asociación les quitó fuerza y el Ayuntamiento los olvidó, si bien siguen funcionando de manera extraoficial: expiden tiques (60 céntimos) y la Policía Local no multa en las zonas en las que trabajan.
Según el concejal Fernández, el consistorio sevillano no tiene en estos momentos ningún acuerdo formal ni con los vovis ni con Anic, la otra asociación que dispensa recibos por sus servicios y respecto a la que la Policía Local hace también la vista gorda (varios de ellos trabajan en la misma calle de la Casa Rosa, presidencia de la Junta). No obstante, sus miembros aseguran ser oficiales y cuenta con oficinas en las que llevan el registro de asociados, fijan sus turnos y se proveen de tiques.
Pero aún con convenio en vigor, los vovis tienen igualmente sus agujeros legales. La Audiencia de Córdoba condenó en 1988 a los vovis de esta ciudad a indemnizar al propietario de un vehículo que fue asaltado. El fallo decía que cuando se facilita el tique "por muy módica que sea la cantidad y loable el fin al que se destina (...) surge desde ese momento una relación contractual".
En el extremo opuesto campa la impunidad de los gorrillas, a los que la Policía Local puede hacer poco más que molestarlos, aunque la zona azul y las restricciones de tráfico ha mermado su número. "La policía viene, les pide los datos, se van y al rato vuelven", relata la frutera de la plaza Rafael Salgado, en el corazón de la barriada sevillana de Bami. En
la calle del mismo nombre un vovi uniformado, Antonio, discute para marcar su territorio con gorrillas que salen de todas partes, pero cuando se vuelve, un yonqui de aspecto desvalido que lleva un bocadillo en la mano aprovecha para meter la cuña y llevarse un euro.

Todas las capitales carecen de norma específica
- Málaga. La presencia de gorrillas en las calles ha disminuido desde que en 2000 el Ayuntamiento confió la vigilancia y el orden a las asociaciones de minusválidos. El consistorio mantiene tres convenios con otras tantas asociaciones, y elaboró unas ordenanzas para regular los aparcamientos en la calle que no están sometidos a servicio tarifario ordinario en determinadas zonas de la ciudad. Los minusválidos ordenan los aparcamientos y vigilan los vehículos a cambio de una tarifa unitaria de 0,90 euros que les permite tener un sueldo y su integración laboral. La Asociación de Inválidos Civiles, la asociación mayoritaria, tiene en estos
momentos a 48 vigilantes, y las otras dos organizaciones suman unos 40. Si en los años noventa la mayoría de los pedigüeños eran españoles de barriadas marginales y con problemas de droga, los que se ven ahora son en su mayoría inmigrantes.
- Granada. Para facilitar el aparcamiento, sólo poseen licencia una asociación de minusválidos. Los gorrillas son multados con una sanción de 40 euros.
- Cádiz. El Ayuntamiento no cuenta con una normativa específica ya que, según dicen, no existe un problema generalizado que requiera una norma.
- Jaén. Los gorrillas no han existido nunca en la capital. El fenómeno es puntual, casi siempre vinculado a la feria.
- Córdoba. El Consistorio firmó hace años un acuerdo con una asociación de parados de más de 40 años y con otra de minusválidos. No tiene normas contra los gorrillas, aunque actualmente prepara una "reorganización sistemática" de estos acuerdos.

- Almería. Hay un convenio con una asociación de minusválidos en zonas determinadas y el Ayuntamiento dice que practica el "hostigamiento" con los ilegales, a los que se le identifica y se les informa de que está prohibida la mendicidad.
- Huelva. No tiene una ordenanza específica sobre los gorrillas porque no es un problema para la ciudad. El consistorio mantiene convenios con dos asociaciones de parados para zonas determinadas.
Esta información ha sido elaborada por D. Narváez, F. Valverde, P. Espinosa, G. Donaire, M. Planelles, M. J. López Díaz y M. J. Albert.

Artículo de El País.

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